Los peajes, en una carretera que opera bajo un modelo de concesión, tienen
grandes ventajas para los usuarios de la vía, los vecinos en su entorno y los
municipios como entidad territorial.
De todos es sabido que una carretera
concesionada cuenta con un alto grado de mantenimiento: menos huecos gracias al
bacheo y reparcheo frecuente; la limpieza de cunetas y rocería; señales de
tránsito limpias, visibles y acordes con la norma; pasos peatonales, de ganado y
de fauna adecuados; alcantarillas, box coulvert y obras de arte en general
apropiadas; bermas amplias, bandas de contención, bandas sonoras y muchos otros
elementos que pretenden garantizan un mejor desplazamiento por la vía y menores
riesgos de accidentes. Este mantenimiento se complementa con la operación de la
vía por parte del concesionario que ofrece servicios de asistencia mecánica
(grúa y carro-taller) y médica a los usuarios en caso de accidente, incidente o
una simple varada; además información permanente sobre el estado y las
condiciones de la vía a través de los centros de control, teléfonos para
emergencias, la vigilancia permanente por parte de los inspectores viales que
recorren la vía las 24 horas, entre otros. Adicionalmente se sabe que en estas
carreteras hay más presencia de la policía de carreteras, mayores controles y
campañas continuas en pro de la seguridad y la cultura vial.
En este marco la
presencia de un Peaje resulta algo natural y necesario pues se erige como
símbolo de la eficiencia del concesionario, la comodidad y seguridad de los
usuarios y un referente del Desarrollo para las regiones y el país (aunque poco
aprovechado). Aunque todo tiene sus excepciones. En el caso de Santander, por
ejemplo, en la carretera entre Bucaramanga y San Alberto a la altura del
municipio de Rionegro ha operado un peaje desde 2004 y aunque la carretera
estuvo concesionada hasta el 2016 no ha tenido avances en la prometida
construcción de doble calzada ni en su mejoramiento, lo que llevó que miembros
de las comunidades de su área de influencia lo destruyeran en las
manifestaciones del 2021 y aún no se llega a un acuerdo para su reinstalación.
La idea que queda en el público es que si estando en concesión la carretera no
fue mejor, seguramente no lo estará ahora que no hay un doliente privado de por
medio, pues la sensación de que la corrupción está en todas las esferas de lo
público y que el Estado es ineficiente para administrar los recursos de los
peajes, ahonda el pesimismo. Y quizá razones no faltan, en el caso de Santander
recordemos que en la carretera Barrancabermeja-Bucaramanga antes de ser
concesionada tuvo un peaje en el sitio cercano al Rio Sogamoso, destruido muchas
veces y reinstalado otras tantas. La vía siempre estuvo en mal estado hasta
alcanzar su culmen a finales del 2010 cuando en palabras del entonces gobernador
de Santander Horacio Serpa "A la vía se la tragó la tierra”. Otro ejemplo es lo
sucedido en el corredor conocido como ruta del sol, sector 2 (entre Puerto
Salgar y Curumaní) que con la terminación abrupta de la concesión por los
escándalos de la firma Odebrecht, en el 2017, el INVIAS tomo la operación y el
mantenimiento de este tramo donde los peajes siguieron funcionando normalmente
pero las condiciones de la carretera son, evidentemente, cada vez peores. (se
espera con la nueva concesión las condiciones de la carretera mejoren).
Experiencias como estas, y muchas más que existen en el país, dan la sensación
de que los peajes son instrumentos para el recaudo de un dinero que no se
traduce en el mejoramiento de las condiciones de la carretera ni de servicios
para los usuarios y mucho menos que aporten al Desarrollo de los municipios y
las regiones. Por el contrario, para muchos los peajes son un obstáculo para el
desarrollo de sus actividades comerciales o productivas porque incrementan los
costos de transporte y no se refleja en reducción de tiempos de viaje porque la
carretera se mantiene en mal estado y pone en peligro su integridad y la de su
medio de transporte.
En este punto creo que, más allá de las conveniencias
financieras de los peajes, también debería considerarse las condiciones y
conveniencias socio-culturales y socio-económicas de las comunidades de sus
Áreas de Influencia. Para ello es necesario que además de los estudios de
tráfico, de origen-destino, distancias y tipos de mercancía que se transportan,
etc., también se consideren (de verdad) las características de las comunidades
que están en su área de influencia: edades, roles, composición familiar, género,
actividades económicas, proyectos de vida; además el uso que hacen de la
carretera en su vida cotidiana, horarios y modos de transporte más frecuentes;
también la vocación económica del territorio y las condiciones ambientales del
entorno, entre otros; con el fin de construir una dinámica participativa que le
permita a las comunidades sentirse parte del Desarrollo de su territorio.
Quizá
sea necesario que en esas carreteras no concesionadas y con Peajes, se les
brinde a los usuarios las condiciones y servicios similares a los que presta una
concesión (carro-taller, grúa, ambulancia), guardando sus proporciones, y se
involucre más a las comunidades de sus áreas de influencia para desarrollar
emprendimientos colectivos alrededor de estas instalaciones con pequeñas áreas
de servicio donde puedan desarrollar actividades comerciales que a su vez sean
una vitrina de Marketing Territorial y donde el municipio involucrado también
cuente con un espacio para atender a los usuarios que requieran algún tipo de
apoyo institucional, un descanso o el simple uso de un baño limpio y ordenado.
También se hace necesario que en esta dinámica se involucre más la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, con presencia activa a través de campañas de
educación vial y en la asesoría en sistemas de contención vehicular y la gestión
social del riesgo.
Creo que las posibilidades de concertar con las comunidades
las instalación de casetas de Peajes parte del reconocimiento de ellas como un
actor principal en su desarrollo, estableciendo canales de comunicación donde
además de contarles sobre los beneficios de un Peaje, ellos puedan ser
escuchados en sus inquietudes, temores e incertidumbres; que puedan proponer e
involucrarse en la concreción de ese proyecto, en la generación de valor
agregado y así hacer de este tipo de decisiones no una directriz de gobierno
sino el resultado de un acuerdo por el cual la misma comunidad trabajará, velará
y defenderá como algo propio.
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