martes, 14 de abril de 2026

¿POR QUÉ FALLAN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL EN PROYECTOS EXTRACTIVOS?

Entre el año 2000 y 2010, el precio de los metales creció de manera sostenida. América Latina respondió con una expansión acelerada de la minería: concesiones, inversión y marcos regulatorios flexibilizados. El resultado no fue solo un boom de materias primas. Fue una intensificación sin precedentes de los conflictos socioambientales.

Perú registraba en 2014 un promedio de 200 conflictos activos mensuales. El Observatorio de Conflictos Mineros documentaba más de 250 en la región para 2019. La CEPAL identificó el conflicto socioambiental como uno de los principales factores de riesgo para la inversión en sectores estratégicos. Estos no son datos de anomalías sino síntomas de una falla sistémica.

Lo llamativo no es que existan conflictos, es que persistan a pesar de que las empresas invierten cada vez más en gestión social. Davis y Franks (Harvard, 2014) estimaron que un conflicto de intensidad moderada en un proyecto extractivo grande cuesta aproximadamente USD 20 millones por semana de retraso -sin contar costos reputacionales ni impacto comunitario.

La pregunta no es por qué hay conflictos, asimetría de poder, distribución inequitativa de beneficios, daños ambientales, falta de consulta genuina. La pregunta es: ¿por qué mapas de actores, encuestas de percepción, mesas de diálogo y programas de RSE no logran anticipar ni gobernar esos conflictos? ¿Por qué los proyectos siguen siendo tomados por sorpresa?

Mi hipótesis: la causa no es operativa sino epistemológica. Los instrumentos están diseñados para comunidades que no existen: con intereses estables, posiciones extrapolables y disposiciones que responden a la información recibida. Las comunidades reales son otra cosa. Son sujetos portadores de memoria territorial, constructores de sentido colectivo, cuyas posiciones se transforman mediante procesos intersubjetivos que ningún formulario captura.

EPISOC -Epistemología Social Operativa Constructiva- es la respuesta a ese diagnóstico. No es un software ni un protocolo mejorado. Es una arquitectura conceptual y metodológica que parte de premisas distintas sobre comunidad, legitimidad y conflicto, y las traduce en dispositivos de lectura dinámica, monitoreo cualitativo continuo e inteligencia operativa trazable.

Los conflictos no se resuelven con mejores herramientas, se gobiernan con mejores premisas.





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