Con mucha frecuencia quien resulta elegido como alcalde o gobernador, pronto olvida –si es que algún día lo supo- que su misión es la de un Servidor Público, pues administra los bienes del público -lo que es de todos, esa es la tarea que se le ha encomendado. Sin embargo, como dije, la mayoría cree que al ser elegidos se les ha dado es el poder de convertir lo público en privado.
De esta manera los servidores y funcionarios públicos asumen su labor como si fuera una empresa privada, administran los recursos (no solo financieros, sino también físicos y humanos) como si fueran de su propiedad, hacen alusión a las obras ejecutadas como si hubieran salido de su bolsillo, en fin convierten por obra y gracia de la ignorancia lo que es de todos en un producto de su esfuerzo personal.
En el mismo sentido las edificaciones que son propiedad del Estado deben regularse por la misma norma que impide a los funcionarios públicos participar en política, lo que en ese caso se traduce en no usar la edificación para hacer propaganda política, pues se impide el acceso equitativo a los partidos, movimientos y candidatos al uso de los medios para su publicidad.
Creo que cuando el administrador del centro comercial feghaly de Bucaramanga dice que tiene acuerdos con candidatos a la alcaldía y al concejo para hacer publicidad dentro de esta edificación, y por lo tanto no puede permitir que otros candidatos utilicen este espacio para publicitar sus campañas, quiere decir que administra este edificio como si fuera de su propiedad (como su casa dice él) y además muestra la permisividad de la administración municipal para disponer de una edificación fundada con patrimonio público en beneficio de un candidato a la alcaldía y otro al concejo.
El uso de los bienes públicos en beneficio de intereses particulares desvirtúa el sentido de la democracia que precisamente busca que los servidores públicos elegidos por la mayoría gobiernen con sabiduría para el bienestar colectivo y no para satisfacer sus intereses individuales. Claro que la misma democracia nos da la opción de castigar a los malos gobernantes y no premiarlos eligiendo a aquellos que nos quieren imponer sino a quien realmente tenga las capacidades y conocimientos para administrar la ciudad.
Hay que recordar que la ciudad no es una empresa privada, pues de ser así, no existiría el concepto de administración PÚBLICA.
De esta manera los servidores y funcionarios públicos asumen su labor como si fuera una empresa privada, administran los recursos (no solo financieros, sino también físicos y humanos) como si fueran de su propiedad, hacen alusión a las obras ejecutadas como si hubieran salido de su bolsillo, en fin convierten por obra y gracia de la ignorancia lo que es de todos en un producto de su esfuerzo personal.
En el mismo sentido las edificaciones que son propiedad del Estado deben regularse por la misma norma que impide a los funcionarios públicos participar en política, lo que en ese caso se traduce en no usar la edificación para hacer propaganda política, pues se impide el acceso equitativo a los partidos, movimientos y candidatos al uso de los medios para su publicidad.
Creo que cuando el administrador del centro comercial feghaly de Bucaramanga dice que tiene acuerdos con candidatos a la alcaldía y al concejo para hacer publicidad dentro de esta edificación, y por lo tanto no puede permitir que otros candidatos utilicen este espacio para publicitar sus campañas, quiere decir que administra este edificio como si fuera de su propiedad (como su casa dice él) y además muestra la permisividad de la administración municipal para disponer de una edificación fundada con patrimonio público en beneficio de un candidato a la alcaldía y otro al concejo.
El uso de los bienes públicos en beneficio de intereses particulares desvirtúa el sentido de la democracia que precisamente busca que los servidores públicos elegidos por la mayoría gobiernen con sabiduría para el bienestar colectivo y no para satisfacer sus intereses individuales. Claro que la misma democracia nos da la opción de castigar a los malos gobernantes y no premiarlos eligiendo a aquellos que nos quieren imponer sino a quien realmente tenga las capacidades y conocimientos para administrar la ciudad.
Hay que recordar que la ciudad no es una empresa privada, pues de ser así, no existiría el concepto de administración PÚBLICA.
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