El propósito de algunas organizaciones sociales, que se han desarrollado con la misión de aportar elementos de cambio para la transformación social positiva de las regiones y del país, desde algún campo de la acción pública, es el de tener incidencia política; es decir, que los temas de los proyectos que ejecutan se consoliden y sean parte de la agenda de los Consejos Municipales, la Asamblea Departamental y en consecuencia figuren en los planes de Desarrollo de los municipios y/o el Departamento y tengan continuidad más allá de los gobiernos; es decir, que se transformen en una Política Pública.
Sin embargo, es común la queja constante de ong’s y grupos de ciudadanos, ante el gran fracaso de muchos proyectos por la falta de continuidad, pues es bien sabido que las ong’s cumplen hasta donde alcanza el presupuesto y las decisiones estructurales se toman en las instancias de Poder. Los proyectos se quedan a mitad de camino, con un impacto muy leve sobre la población beneficiaria y casi nulo sobre el resto de la sociedad.
Gran parte de este fracaso es por la ausencia de canales de comunicación entre quienes ejercen el poder político en el municipio y la región (Alcaldes y gobernadores), la academia (grupos de investigación) y quienes han hecho de su trabajo una auténtica vocación por la transformación social positiva (las ong’s) para definir un camino o agenda, con unidad de criterio y competencia comunicativa, con un horizonte compartido y hablar todos con el mismo lenguaje y saber qué es cada cosa en determinado momento y contexto.
Algunos dirán que para eso es el Plan de Desarrollo, cosa que debería ser pero no es, pues nuestros municipios y regiones han visto “desfilar” planes de Desarrollo (participativos) desde hace muchos años y el problema sigue igual. El tema pasa por la capacidad de incidencia política de las ong’s y la voluntad política; es decir, por la apertura y actitud de un gobernante y de la iniciativa y liderazgo de la sociedad civil organizada para proponer soluciones duraderas.
Sin embargo, aun estamos muy distantes de llegar a algo parecido, pues los proyectos, especialmente los del campo social, no se desarrollan sobre una necesidad sino sobre un presupuesto. Me explico, no es sobre una necesidad identificada y unos estudios serios (diagnósticos y líneas de base) que se diseñan los proyectos; por el contrario lo primero que se mira es cuanta plata hay para pagarle a alguien que haga algo (un ‘proyectico’ de dos o tres meses), pues para muchos servidores públicos el presupuesto no es para invertir sino para gastar.
Entonces dónde queda el Estado Social de Derecho si minimamente los funcionarios y contratistas no comparten la idea, o parten de la base, de que todo proyecto (de ingeniería civil, de desarrollo tecnológico, educativo o de salud) gira sobre el eje de la Dignidad de las personas, es decir de la satisfacción de necesidades, o mejor aun del reconocimiento de los Derechos Humanos. Carreteras, puentes, computadores, hospitales o incluso el asistencialismo solo tienen sentido cuando vemos a través de ello la dimensión humana: el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, a la recreación, etc.
Los Derechos Humanos no deben ser vistos como una expresión ideológica sino como el propósito del Estado Social de Derecho y los gobiernos locales y regionales deben fortalecer su apuesta por el Desarrollo logrando que la sociedad civil organizada tenga una auténtica incidencia política.
Sin embargo, es común la queja constante de ong’s y grupos de ciudadanos, ante el gran fracaso de muchos proyectos por la falta de continuidad, pues es bien sabido que las ong’s cumplen hasta donde alcanza el presupuesto y las decisiones estructurales se toman en las instancias de Poder. Los proyectos se quedan a mitad de camino, con un impacto muy leve sobre la población beneficiaria y casi nulo sobre el resto de la sociedad.
Gran parte de este fracaso es por la ausencia de canales de comunicación entre quienes ejercen el poder político en el municipio y la región (Alcaldes y gobernadores), la academia (grupos de investigación) y quienes han hecho de su trabajo una auténtica vocación por la transformación social positiva (las ong’s) para definir un camino o agenda, con unidad de criterio y competencia comunicativa, con un horizonte compartido y hablar todos con el mismo lenguaje y saber qué es cada cosa en determinado momento y contexto.
Algunos dirán que para eso es el Plan de Desarrollo, cosa que debería ser pero no es, pues nuestros municipios y regiones han visto “desfilar” planes de Desarrollo (participativos) desde hace muchos años y el problema sigue igual. El tema pasa por la capacidad de incidencia política de las ong’s y la voluntad política; es decir, por la apertura y actitud de un gobernante y de la iniciativa y liderazgo de la sociedad civil organizada para proponer soluciones duraderas.
Sin embargo, aun estamos muy distantes de llegar a algo parecido, pues los proyectos, especialmente los del campo social, no se desarrollan sobre una necesidad sino sobre un presupuesto. Me explico, no es sobre una necesidad identificada y unos estudios serios (diagnósticos y líneas de base) que se diseñan los proyectos; por el contrario lo primero que se mira es cuanta plata hay para pagarle a alguien que haga algo (un ‘proyectico’ de dos o tres meses), pues para muchos servidores públicos el presupuesto no es para invertir sino para gastar.
Entonces dónde queda el Estado Social de Derecho si minimamente los funcionarios y contratistas no comparten la idea, o parten de la base, de que todo proyecto (de ingeniería civil, de desarrollo tecnológico, educativo o de salud) gira sobre el eje de la Dignidad de las personas, es decir de la satisfacción de necesidades, o mejor aun del reconocimiento de los Derechos Humanos. Carreteras, puentes, computadores, hospitales o incluso el asistencialismo solo tienen sentido cuando vemos a través de ello la dimensión humana: el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, a la recreación, etc.
Los Derechos Humanos no deben ser vistos como una expresión ideológica sino como el propósito del Estado Social de Derecho y los gobiernos locales y regionales deben fortalecer su apuesta por el Desarrollo logrando que la sociedad civil organizada tenga una auténtica incidencia política.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario