En
la segunda semana de agosto, las comunidades de la vereda La Gómez, en el
municipio de Sabana de Torres, bloquearon el sector donde se encuentra el peaje
operado por la concesionaria Autopista del Río Grande. Simultáneamente, se
llevaron a cabo protestas y bloqueos en el peaje de Oiba, administrado por
INVIAS. Aunque las circunstancias varían, ambas situaciones reflejan un
descontento común entre las comunidades debido al estado de la vía, la
contratación de mano de obra, la adquisición de bienes y servicios, y la
incertidumbre respecto a los impactos negativos de los proyectos, acompañada de
una falta de información clara sobre los impactos positivos, más allá de la
retórica general acerca de la reducción en los tiempos de viaje y costos de
transporte.
En
el caso de las concesiones responsables del proyecto de la Troncal del
Magdalena, es preocupante que se presenten estas situaciones incluso antes de
que inicie la fase de construcción. Esto constituye una alerta temprana que evidencia
un trabajo insuficiente con los Grupos de Interés para entender sus
percepciones, motivaciones y dudas respecto al proyecto. La falta de
participación e integración de sus opiniones en planes de trabajo articulados
que generen confianza y los conviertan en aliados del proyecto refleja la
ausencia de un esfuerzo genuino por obtener la "Licencia Social".
La
Licencia Social es el permiso tácito que las comunidades locales otorgan
a una empresa para realizar sus actividades, basado en la generación de
confianza y en la construcción de valor compartido entre la empresa y sus
Grupos de Interés. No es un documento formal, sino un reconocimiento de que los
impactos sociales, económicos y ambientales de un proyecto deben ser
considerados, y que las comunidades tienen el derecho de participar en las
decisiones que las afectan.
Ignorar
la Licencia Social representa un riesgo significativo para la
sostenibilidad de los proyectos, ya que cuando las comunidades se sienten
ignoradas y despojadas de su voz, es probable que surjan conflictos. Las
protestas, bloqueos y acciones legales son respuestas naturales ante la falta
de diálogo, las cuales no solo afectan la reputación de las empresas y del
gobierno, sino que también pueden retrasar o incluso cancelar proyectos vitales
para el desarrollo del país (V.gr. la Concesión Bucaramanga-Pamplona).
Por
ello, es esencial que las entidades del gobierno (local, regional y nacional) y
las empresas comprendan que la Licencia Social no es un capricho ni un
embeleco, sino un componente esencial para la viabilidad y sostenibilidad de
los proyectos, pues la inclusión activa de las comunidades en el proceso de
toma de decisiones no solo es un acto de justicia, sino que también puede
resultar en proyectos más ajustados a las necesidades reales de la población,
minimizando conflictos y fomentando un sentido de propiedad y colaboración.
Es crucial entender que la participación comunitaria no es un obstáculo para el Desarrollo, sino un elemento clave para garantizar que los proyectos de infraestructura vial sean sostenibles y beneficien a todos
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