LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN COLOMBIA: ¿Un Camino Hacia El Desarrollo o Un Peaje Social?

En Colombia, los proyectos de infraestructura vial han sido presentados como la columna vertebral del desarrollo económico. Desde las vías terciarias que conectan las zonas rurales más apartadas hasta autopistas de cuarta y quinta generación que conectan los grandes centros poblados y el centro del país con los puertos sobre el mar caribe y el pacífico. Estas obras prometen progreso, competitividad y bienestar. Sin embargo, detrás de las cifras de inversión y los discursos optimistas, hay una pregunta que sigue siendo incómoda: ¿a qué costo social estamos construyendo estas carreteras?

Es innegable que mejorar la conectividad tiene impactos positivos. Una carretera nueva puede reducir los tiempos de viaje, abaratar el costo del transporte de productos agrícolas y facilitar el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, entre otros. En un país con una geografía tan compleja como la nuestra, las vías son un puente, literal y figurado, hacia el Desarrollo. Pero no podemos ignorar que muchas veces estos proyectos llegan acompañados de afectaciones al comercio local, desplazamientos, contaminación de fuentes hídricas y otros daños ambientales, que afectan directamente a las comunidades locales.

Aquí entra en juego el concepto de Rentabilidad Social. Más allá del retorno financiero que una carretera pueda generar para los inversionistas o el Estado, debemos preguntarnos: ¿qué tan rentable es un proyecto para las personas que viven en su área de influencia? La rentabilidad social no se mide solo en kilómetros pavimentados o en reducción de tiempos de viaje; se mide en bienestar, equidad y sostenibilidad.

Un proyecto vial verdaderamente rentable para la sociedad es aquel que no solo conecta territorios, sino que brinda oportunidades para mejorar la calidad de vida.  Es uno que respeta a las comunidades locales, que minimiza su impacto ambiental y es planeado con una visión a largo plazo. Esto implica ir más allá del cemento y el asfalto e incluir a las comunidades en el proceso desde el principio. Hay que recordar que las comunidades no son obstáculos sino aliados del Desarrollo.

En Colombia, todavía estamos aprendiendo esta lección. La construcción de infraestructura vial no puede seguir siendo un monólogo entre empresas constructoras y entidades gubernamentales sino un diálogo abierto con las comunidades afectadas, donde sus necesidades y preocupaciones sean escuchadas y atendidas. Solo así lograremos que las concesionarias no sean vistas como invasoras o reemplazos del Estado sino verdaderos vecinos a los que les importa el Desarrollo local.

Medir de manera constante el impacto social y la rentabilidad de los proyectos es un paso fundamental para garantizar su éxito y sostenibilidad. Pero, ¿cómo se cuantifica este impacto? Técnicamente, la evaluación se basa en metodologías rigurosas que combinan el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, a través de encuestas a hogares, se mide el acceso mejorado a servicios esenciales como la salud y la educación, así como el aumento en las oportunidades de empleo, el surgimiento de nuevos emprendimientos y el incremento en los ingresos familiares. Además, se analizan indicadores clave como la reducción en los tiempos de viaje, la disminución de la accidentalidad y la optimización de los costos de transporte, que son factores que no solo mejoran la calidad de vida de las comunidades, sino que también impulsan la eficiencia económica y el desarrollo regional.

La rentabilidad social de un proyecto se mide a través de herramientas especializadas como el Análisis Costo-Beneficio Social (ACBS) y el Retorno Social de la Inversión (SROI). Estas metodologías permiten cuantificar de manera sistemática los beneficios sociales y ambientales que genera un proyecto, comparándolos con la totalidad de sus costos, incluyendo tanto los costos económicos directos como los costos sociales y ambientales asociados. El SROI, en particular, busca expresar en términos monetarios el valor social generado por cada peso invertido en el proyecto. Esta métrica proporciona información valiosa para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, al permitir evaluar de forma clara y objetiva el impacto social de la inversión. El análisis de rentabilidad social no se limita a los aspectos cuantificables, sino que también incluye la valoración de elementos intangibles como la mejora en la calidad de vida de las personas, el fortalecimiento de la cohesión social en las comunidades y la contribución a la preservación del medio ambiente.

En última instancia, el éxito de nuestras carreteras no se medirá únicamente por su impacto económico, sino por su capacidad para transformar vidas sin destruirlas en el proceso. Porque el verdadero progreso no es solo llegar más rápido a nuestro destino sino asegurarnos de que todos puedan viajar por los caminos de la dignidad y  la justicia social.