Hay un error que se repite en los proyectos de alto impacto a lo largo de toda América Latina, y que la industria no ha logrado nombrar con precisión porque ocurre exactamente en el momento en que el equipo social cree estar haciendo lo correcto.
El paradigma dominante en gestión social tiene una respuesta estándar para el conflicto comunitario: más información, más comunicación, más socialización del proyecto. Esa respuesta no es irracional, en ciertos contextos funciona. El problema es que se aplica de manera indiscriminada a dos tipos de conflicto que son radicalmente distintos y que requieren intervenciones opuestas.
Cuando una comunidad se opone a un proyecto
porque no conoce sus beneficios reales, porque ha recibido información
distorsionada de terceros o porque nunca fue incluida en el proceso de diseño,
más información funciona. Ese es un conflicto que tiene origen en la ausencia o
distorsión del conocimiento disponible, y tiene solución comunicativa. La
comunidad opera en lo que la epistemología contemporánea llama una burbuja
epistémica: no ha sido expuesta a perspectivas suficientes o diversas.
Pero cuando una comunidad se opone porque
el proyecto amenaza su identidad territorial, su relación con el agua o la
tierra, su memoria histórica o sus formas de vida colectiva, más información
desde la fuente adversaria no atenúa el conflicto, lo intensifica. En este caso
la comunidad no carece de información sino que tiene una posición consolidada
desde la cual filtra activamente todo lo que no la confirme. En este escenario,
la comunidad opera en una cámara de eco, donde cada mensaje del proyecto se
convierte en evidencia adicional de la amenaza que representa.
La distinción no es académica. Es
operativa. Y sus consecuencias son predecibles con exactitud: el equipo social
intensifica la campaña de comunicación, la comunidad interpreta esa
intensificación como presión, la presión confirma la narrativa de que el
proyecto no respeta su territorio, el conflicto escala, y el equipo reporta que
"la comunidad no entiende".
El paradigma dominante no tiene categorías
para distinguir estos dos estados. No porque los profesionales sociales sean
incompetentes, muchos identifican intuitivamente la diferencia, sino porque el
sistema no les provee los instrumentos de diagnóstico para hacerlo de manera
verificable y anticipada. Sin esos instrumentos, la intervención depende del
criterio individual y llega tarde.
EPISOC parte de un supuesto diferente: el
conflicto social no es una señal de falla del sistema de gestión; es una
condición constitutiva del territorio que puede gestionarse si se diagnostica
correctamente desde el inicio. Distinguir entre burbuja epistémica y cámara de
eco no es un ejercicio teórico: es la diferencia entre una intervención que
construye legitimidad y una que la destruye.
Aplicar la misma herramienta a dos
problemas radicalmente distintos no es mala suerte, es una falla de
arquitectura conceptual; y esa falla tiene un costo que Davis & Franks ya
midieron: USD 20 millones por semana.
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